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A Propósito del Cambio Estructural del Sector Ciencia y Tecnología Nacional

Jaime Requena, Sc.D.
Academia de Ciencias Físicas
Matemáticas y Naturales
Caracas, Venezuela

e-mail: requenajaime@cantv.net

Caracas, junio 2004

Durante la segunda mitad del siglo XX, una de las grandes tareas de los gobiernos democráticos de Venezuela fue crear, ampliar y consolidar las instituciones, necesarias para modernizar la sociedad. En especial, aquellas que llegaron a conformar el sector nacional de investigación científica y desarrollo tecnológico que, sin duda, después de la Educación fue el logro más singular de los últimos cincuenta años en Venezuela. Y es que, en los albores del siglo XXI, la democracia llevo a la ciencia y la tecnología a ser el quehacer diario de unos cuantos miles de venezolanos, muchos de ellos con logros personales muy significativos dada la relevancia de sus creaciones, invenciones o descubrimientos.

En el año 1999, el gobierno introdujo cambios profundos y substantivos en la organización de la administración pública procediéndose, entre otras cosas, a la creación de una estructura ministerial formal para gerenciar la actividad científica y tecnología nacional. Con ello se cerró un ciclo histórico que estuvo caracterizado por una estructura sectorial organizada horizontalmente y bajo la rectoría del CONICIT. La ley que regia las acciones del Consejo establecía para su toma de decisiones una preeminencia de las opiniones, tomadas con carácter de vinculante, de sus comisiones técnicas. Estas instancias plurales, compuestas fundamentalmente por asesores externos, basaban su membresía en el principio de la representatividad institucional y amplia distribución geográfica.

El nuevo modelo organizacional del sector conlleva el mayor grado posible de control sobre sus instituciones operativas y ello implica la concentración de sus cuatro funciones fundamentales: conducción, planificación, financiamiento y producción. Obedece a una concepción del Estado, sus organizaciones y la sociedad, en general, con un marcado sesgo político-partidista y requiere minimizar la relevancia de las bajas instancias jerárquicas, evitar la participación de expertos ajenos al funcionariado oficial, reducir al más alto nivel jerárquico el proceso de toma de decisiones y conformar los cuadros directivos con militantes del llamado proceso. El marco legal para todo ello se lo otorgo una nueva ley de Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La verticalización de la actividad operativa implicó la transferencia de tutela de muchos centros de institutos de investigación y desarrollo que durante la era del CONICIT estuvieron bajo la responsabilidad de ministerios y poderosas organizaciones estatales. Esa transferencia, sin embargo, no transcurrió sin dificultades, primordialmente debido a la improvisación que caracterizó al cambio del modelo organizacional, cuando no por la falta de compromiso académico de los cuadros responsables de la ejecución de ese transferencia.

Un buen ejemplo de lo anterior lo constituye el decreto N° 257 de adscripción al recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología de Institutos Autónomos y Fundaciones del Estado y que le transfería el Intevep –el Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de Petróleos de Venezuela. Ante el revuelo nacional que ello despertó, el Ejecutivo se vio obligado a dictar un nuevo decreto, el N° 370, mediante el cual se retornaba la tutela del Intevep a su locus natural, PDVSA. En ese mismo Decreto, otros entes fueron también removidos de la tutela del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología: la Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia y la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, los cuales fueron retornados al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Se aprovechó la ocasión para agregar a la lista de entes adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, la cual no había sido incluido bajo la tutela de algún ente ministerial en el decreto inicial. En relación a las unidades de investigación dentro de las Universidades Nacionales y su sistema de financiamiento a través de los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico, estas no fueron tocadas en la reforma administrativa del año 1999, manteniéndose, como lo habían estado desde la época de su creación en la década de los 70. Hoy en día, continúan bajo la égida de las autoridades universitarias, ahora conducidas por un Ministerio de Educación Superior, deslindado del clásico Ministerio de Educación (Cultura y Deporte).
Al no estar incluida dentro de la esfera de control del Ministerio de Ciencia y Tecnología tres cuartas partes de la investigación en ciencia y tecnología del país (fracción que le corresponde a los investigadores de las universidades nacionales), y sacar una de las joyas de la corona de su dominio, la reforma sectorial sufrió un severo (si no mortal) golpe. Se terminó por conformar un esquema organizacional vertical que sólo puede ser calificado como “imperfecto” o, mejor, folklórico.

Si bien se puede argumentar que en el viejo modelo horizontal, el Intevep y los CDCH de las universidades nacionales no estaban absolutamente coordinadas por el CONICIT, es el caso que para una organización de naturaleza transectorial, su efectividad está garantizada con apenas una mínima cuota de participación y coordinación. Y la mejor prueba de ello es nuestro pasado, el cual nos revela que una situación como la descrita nunca llegó a afectar gravemente la operatividad de las entes sectoriales como tampoco la del CONICIT. Contrariamente, la falta de control sobre los entes operativos si es un requisito fundamental para la operatividad y eficacia del modelo vertical. La inexistencia de control vulnera no sólo la funcionalidad de los entes operativos que lo integran, sino también la de la estructura rectora que, desde el punto de vista político, se torna irrelevante.

Siendo esto así, lo que resta es determinar el probable grado de coordinación con los entes desconcentrados y ello se puede lograr a través de un análisis de la ley que define la estructura y regula el funcionamiento del aparato ministerial de ciencia y tecnología. Esta no contempla instancias de coordinación con aquellos entes operativos que quedaron dependiendo de otros ministerios. Sólo en los artículos 8° y 54° se registran dos menciones del término “comisión” y ello en relación a las áreas de bioética y biodiversidad y sus opiniones no son vinculante ni su existencia imperativa; son simples órganos asesores del ministro en su condición de funcionario público. Más aún, el Reglamento Orgánico del Ministerio de Ciencia y Tecnología que … ´ tiene por objeto determinar la organización administrativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología y establecer la distribución de las funciones correspondientes a las dependencias que integran dicha estructura organizativa.” (Art. N° 1) no considera ni una sola vez el mecanismo de funcionamiento implícito en las comisiones. En contraposición, la vieja ley del CONICIT se refería, al menos unas 9 veces, a la instancia de las “comisiones” y lo constituía en una de sus formulas de gobierno más favorecidas.